La Casación N.° 3674-2023 Arequipa constituye un pronunciamiento relevante en materia de autoría y participación delictiva, porque la Corte Suprema no solo revisa la corrección del título de imputación aplicado por las instancias inferiores, sino que fija un criterio claro y uniforme sobre la manera en que debe comprenderse la coautoría en el Derecho Penal peruano.

El fallo parte de la distinción entre dos enfoques doctrinales tradicionalmente utilizados para determinar la coautoría: el pactum sceleris —que pone el acento en el acuerdo previo y el reparto de roles— y la teoría del dominio del hecho, que prioriza la capacidad de cada interviniente para incidir de forma determinante en la ejecución del delito. La Corte reafirma que el simple consenso para delinquir no basta para atribuir coautoría; lo determinante es que el sujeto realice un aporte objetivo, causal y esencial que le otorgue un control funcional sobre el curso del hecho punible.

En ese sentido, el Tribunal Supremo adopta de manera expresa la teoría del dominio del hecho como el estándar rector para resolver casos de coautoría, alineándose con la doctrina alemana (Roxin, Wessels) y la jurisprudencia comparada (España, Alemania). La coautoría exige que cada partícipe contribuya con una acción imprescindible para la realización del tipo penal y cuente con la posibilidad real de influir o interrumpir la ejecución del ilícito.

Este criterio permite diferenciar con precisión la coautoría de otras formas de intervención, como la complicidad o la instigación, y evita imputaciones excesivas basadas únicamente en la participación periférica o en la mera presencia en el hecho. La sentencia delimita además el concepto de codelincuencia, señalando que se trata únicamente de una modalidad de ejecución conjunta y no de un subtipo autónomo de organización criminal.

Finalmente, la Corte confirma la condena impuesta a los imputados, al verificar que sus actuaciones —mostrar documentos falsos, formular la amenaza extorsiva, custodiar el vehículo y participar en la restitución del bien— constituyeron aportes funcionales esenciales, orientados a un mismo plan criminal y decisivos para que la víctima entregara el dinero exigido.

La Casación N.° 3674-2023 consolida así un marco interpretativo indispensable para operadores del sistema penal, estableciendo que la coautoría no se basa en la mera colaboración, sino en la contribución esencial y el control compartido del hecho delictivo.

La Corte Suprema establece que, aun cuando exista absolución penal por lavado de activos debido a la falta de prueba sobre el delito precedente, ello no impide la declaración de responsabilidad civil cuando el comportamiento de los agentes resulta antijurídico y culpable. El fallo confirma que el ingreso clandestino y no declarado de una elevada suma de dinero constituye una infracción al orden administrativo y tributario que genera un daño real y cuantificable al Estado, independiente de la sanción administrativa impuesta por SUNAT. Bajo el artículo 12.3 del CPP, la absolución penal no elimina la obligación resarcitoria cuando concurren los elementos de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, causalidad y dolo o culpa. La sentencia corrige el criterio de la instancia superior, que redujo el caso a una mera cuestión administrativa, y reafirma que la reparación civil puede y debe fijarse cuando la acción civil ha sido válidamente ejercida y el daño estatal está acreditado. Esta jurisprudencia fortalece la autonomía de la acción civil dentro del proceso penal y precisa que la ausencia de responsabilidad penal no extingue los efectos patrimoniales derivados del comportamiento ilícito.

La Corte Suprema reafirma un criterio esencial sobre la motivación judicial:

No se exige una sentencia “vasta y abundante”, sino una motivación racional, entendible y centrada en el núcleo del razonamiento que justifica la decisión.

El Tribunal destaca que la idoneidad de la motivación se cumple cuando el juez expone en forma clara y objetiva las razones que lo llevan a resolver el caso, conforme al artículo 139, inciso 5, de la Constitución.

En el caso concreto —violación sexual de menor de edad— la Corte validó la condena a cadena perpetua, resaltando que:

• Las pruebas personales y periciales fueron coherentes y complementarias.
• La ausencia de lesiones físicas no invalida el relato de la víctima si este es consistente y respaldado por pericias.
• La casación no constituye una tercera instancia para revalorar pruebas.

¿El juez puede volver a analizar los “graves y fundados elementos de convicción” al resolver una revocatoria de comparecencia?
¿O basta con comprobar objetivamente el incumplimiento de las restricciones impuestas al imputado?

La revocatoria de comparecencia con restricciones prevista en el art. 287.3 CPP no exige una nueva valoración de los presupuestos de la prisión preventiva (art. 268 CPP).
➡️ Basta con comprobar objetivamente el incumplimiento de las reglas impuestas al imputado y emitir requerimiento fiscal o judicial previo.

1. El juez de primera instancia excedió el ámbito del pedido fiscal, evaluando nuevamente los presupuestos de prisión preventiva y afectando el principio de congruencia procesal.
2. La motivación judicial fue insuficiente, al no responder de manera razonada el requerimiento de revocatoria.
3. La privación de la libertad requiere base fáctica comprobada, no meras presunciones.
4. La Sala precisó que la revocatoria no es un capricho, sino una consecuencia legal ante el incumplimiento verificado de las restricciones impuestas. La revocatoria no implica un nuevo examen de sospecha grave, sino la constatación objetiva del incumplimiento.

Se reafirma la importancia de la motivación judicial congruente con el requerimiento fiscal.

La Corte delimita el ámbito de control del juez frente a las medidas coercitivas personales, reforzando el principio de proporcionalidad. Es por ello, que la revocatoria de comparecencia con restricciones debe fundarse en hechos objetivos de incumplimiento y no en la reevaluación del mérito del caso.
Este fallo fortalece la seguridad jurídica, la coherencia procesal y la razonabilidad de las medidas cautelares personales.

El Decreto Supremo N.º 017-2025-JUS, refrendado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, aprueba el Protocolo de Actuación Interinstitucional para la aplicación de la conclusión anticipada del juicio oral, instituyendo directrices uniformes para los operadores del sistema de justicia penal.

La conclusión anticipada del juicio oral constituye un mecanismo de simplificación procesal regulado en el artículo 372 del Código Procesal Penal (D. Leg. N.º 957). Este permite que el imputado, previa asesoría técnica de su abogado defensor, reconozca los hechos de la acusación fiscal y acepte las consecuencias jurídicas penales y civiles, obteniendo así una sentencia conformada sin agotar todo el debate probatorio.

Este instituto procesal, además de estar reconocido en la legislación, ha sido objeto de interpretación vinculante en el Acuerdo Plenario N.º 5-2008/CJ-116, donde la Corte Suprema destacó su carácter de mecanismo legítimo de simplificación, garantista y sujeto a control jurisdiccional.

El Protocolo aprobado tiene como objetivos centrales:

• Descongestionar la sobrecarga procesal en los órganos jurisdiccionales penales.
• Uniformizar criterios de aplicación entre jueces, fiscales y defensores, evitando disparidades interpretativas.
• Reforzar la seguridad jurídica y la transparencia, protegiendo los derechos del imputado y de la víctima.

El Protocolo precisa etapas y responsabilidades en el marco del juicio oral, tales como:

• Rol del juez penal: Garantizar el respeto de derechos, informar al acusado sobre la naturaleza del mecanismo, y ejercer un control de legalidad sobre los hechos admitidos.
• Rol del fiscal: Exponer los términos del acuerdo y velar porque este sea compatible con el interés público y la legalidad penal.
• Rol del defensor técnico: Asegurar que la decisión del imputado sea informada, voluntaria y sin coacción.

El Protocolo exige que:

• El imputado manifieste expresamente la aceptación de los hechos y de la reparación civil.
• El juez evalúe si la conducta aceptada constituye delito y descarte causales de exclusión o atenuación de responsabilidad.
• La sentencia conformada quede vinculada a los términos del acuerdo, consolidando la seguridad jurídica.

El Decreto Supremo representa un avance cualitativo en la política criminal y procesal peruana por varias razones:

1. Fortalece la predictibilidad procesal. Al contar con un protocolo uniforme, se evita la dispersión de criterios jurisprudenciales y se dota de mayor certeza a la aplicación de la institución.
2. Compatibiliza celeridad y garantías. El mecanismo no solo persigue rapidez procesal, sino también tutela de derechos, pues el juez mantiene la obligación de verificar la legalidad del acuerdo y el defensor técnico asegura la autonomía del consentimiento del imputado.
3. Refuerza la función jurisdiccional. La intervención judicial no se limita a homologar un acuerdo, sino a realizar un control material de los hechos aceptados, en concordancia con el mandato constitucional del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que garantiza el debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales.
4. Eficiencia procesal y política pública. Su implementación contribuye a la descarga judicial, alineándose con el principio de economía procesal y con los fines de la Comisión Especial de Implementación del CPP creada por el D. Leg. N.º 958.

No obstante, su eficacia práctica dependerá de tres factores clave:

• Capacitación de operadores jurídicos (jueces, fiscales y defensores públicos y privados).
• Infraestructura tecnológica adecuada para audiencias virtuales, garantizando la confidencialidad de las conferencias entre imputado, defensor y fiscal.
• Seguimiento estadístico para evaluar si efectivamente reduce los tiempos de juzgamiento y contribuye al descongestionamiento judicial.

El DS N.º 017-2025-JUS consolida la conclusión anticipada como una herramienta de política criminal racional, cuyo éxito dependerá de un uso responsable, garantista y uniforme. Su correcta aplicación permitirá conjugar dos exigencias constitucionales: la celeridad procesal y la protección de los derechos fundamentales de las partes.

En definitiva, se trata de un paso firme hacia una justicia penal más eficiente, predecible y coherente con el debido proceso.

La Corte Suprema consolida el entendimiento de que el plazo razonable es un límite material a la actuación fiscal y que las diligencias preliminares, por su propia naturaleza, no pueden extenderse indefinidamente bajo argumentos formales de complejidad o crimen organizado, sin una justificación concreta de urgencia e inaplazabilidad. El control judicial del plazo no depende solo de verificar si aún corre un término formal, sino de examinar la razonabilidad material del tiempo transcurrido conforme al art. 334.2 CPP.

La Corte Suprema de Justicia, declaró sin objeto el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado Eduardo Melchor Arana Ysa, al haberse constatado el vencimiento definitivo del plazo de la investigación preliminar. Esta circunstancia configuró un supuesto de sustracción de la materia, conforme al artículo 321.1 del Código Procesal Civil.

Antecedentes:

• La investigación preliminar se inició con un plazo de 60 días (art. 334.1 CPP).
• Posteriormente fue declarada compleja, ampliándose a 8 meses.
• Luego se adecuó bajo los alcances de la Ley N.° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, prorrogándose por 8 meses adicionales.
• Las sucesivas ampliaciones extendieron la investigación por casi dos años, pese a que los hechos principales y los intervinientes ya estaban esclarecidos.

El Supremo señaló que, si bien el caso presentaba complejidad, los aspectos centrales (participación de Walter Ríos Montalvo, conversaciones telefónicas y expediente judicial vinculado) ya estaban definidos. En consecuencia, no resultaba legítimo mantener prórrogas sucesivas sin justificación concreta de urgencia o inaplazabilidad, exigidas por los artículos 330.2 y 334.2 CPP.

Sustento normativo

• Art. 334.2 CPP: control de plazo en diligencias preliminares.
• Art. 330.2 CPP: finalidad de diligencias urgentes e inaplazables.
• Art. 321.1 CPC: sustracción de la materia.
• Art. 497.1 CPP: costas procesales (no aplicables en resoluciones interlocutorias).

La Corte Suprema consolida el criterio de que el plazo razonable constituye un límite material a la actuación fiscal. En consecuencia, las diligencias preliminares no pueden prolongarse indefinidamente bajo argumentos formales de complejidad o crimen organizado, sin que exista una justificación concreta de diligencias urgentes e inaplazables.

El Tribunal Constitucional ratificó que la prisión preventiva es excepcional, provisional y temporal, y que la superación de sus plazos convierte la detención en arbitraria, sin que sea posible convalidarla posteriormente.

Desde el punto de vista constitucional, la decisión es acertada porque:

• Protege el contenido esencial del derecho a la libertad personal (art. 2.24 Const.).
• Se ajusta al bloque de convencionalidad, siguiendo la línea de la Corte IDH (Bayarri vs. Argentina, J. vs. Perú) y del TC español (STC 121/2003, STC 3/2025).
• Fortalece el control del juez constitucional sobre excesos judiciales y fiscales.

Esta sentencia constituye un precedente vinculante para la administración de justicia penal en el Perú.

• Los jueces de investigación preparatoria quedan advertidos de que no pueden “sacrificar” la libertad en espera de una audiencia.
• El Ministerio Público tiene la carga de presentar sus solicitudes de prolongación con antelación suficiente, pues su inercia no puede trasladarse al procesado.
• El INPE debe excarcelar inmediatamente al interno cuyo plazo haya vencido, salvo que exista otro mandato vigente.

El caso revela una deficiencia estructural en la gestión procesal: la fiscalía solicitó la prolongación solo un día antes del vencimiento, y el juzgado programó audiencia después del plazo.

• Esta práctica vulnera no solo la libertad, sino también la seguridad jurídica.
• La “exhortación” al Ministerio Público y al Poder Judicial es insuficiente; el TC debió exigir medidas disciplinarias más estrictas para evitar la repetición.

Este fallo constitucional representa un avance en la tutela de la libertad personal en el Perú. Sin embargo, también expone la urgencia de reformas procesales y administrativas que garanticen el respeto estricto de los plazos, para que la libertad individual no dependa de la burocracia o de prácticas dilatorias del Ministerio Público.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó que los jueces peruanos no apliquen la Ley de Amnistía otorgada a militares, policías y civiles de los comités de autodefensa por delitos cometidos durante el conflicto armado interno, suscitado en el país entre 1980 y 2000.

El tribunal internacional dictó esta medida para que la amnistía no tenga efectos legales hasta que se pronuncie de forma definitiva al respecto, lo que hará en una próxima resolución.

La Corte ordenó que todas las ramas del Estado, sobre todo la judicial, no apliquen la mencionada norma ni introduzcan nuevos criterios legales mientras dure el control de convencionalidad.

“Disponer que la orden de no innovar, conforme al control de convencionalidad, compete al Estado en su conjunto, sus diferentes órganos y operadores de justicia, en especial a la rama judicial, y los diversos tribunales (…) quienes deben de abstenerse de dar lugar a su aplicación hasta que la Corte se pronuncie en una Resolución posterior”, indicaron en un pronunciamiento.

egún uno de los considerandos de la Corte, las representantes de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, así como la Comisión, coincidieron en que aplicar la Ley de Amnistía vulneraría el derecho de acceso a la justicia, impediría procesos vigentes y permitiría la liberación de personas cumplieran con el requisito de tener más de 70 años.

Además, añadieron que la aplicación de la ley impediría a las víctimas recibir reparaciones civiles ordenadas por la justicia peruana. Sin embargo, la Corte señala que el Estado argumentó que existen mecanismos internos de control de convencionalidad

“Lo que correspondería es requerir al Perú que, a través de su jurisdicción interna, realice el control de convencionalidad correspondiente”, precisó el tribunal.

La resolución también menciona que siguen vigentes las medidas provisionales previas, ordenando al Estado dejar sin efecto o no dar validez a la Ley 32107, la cual prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.

Finalmente, el organismo de justicia internacional indicó que el Perú debe seguir informando cada tres meses sobre las medidas provisionales adoptadas, hasta que la Corte decida levantar dichas medidas.

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior ordenó la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra. El Poder Judicial declaró infundado el pedido 5 meses de prisión preventiva de la Fiscalía contra el exmandatario por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por el presunto delito de cohecho (soborno).

El exjefe de Estado había sido recluido en el penal de Barbadillo el último 13 de agosto, luego de que el juez Jorge Tamariz aceptó en parte la solicitud del Ministerio Público. No obstante, la defensa legal de Vizcarra Cornejo apeló la decisión del magistrado en busca de la libertad del exmandatario.

De acuerdo con la Resolución, los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde sustentaron su decisión al señalar que los fiscales cometieron errores al fundamentar que Vizcarra no cuenta con arraigo laboral, familiar. De igual manera, los jueces señalaron que los representantes del Ministerio Público se equivocaron al argumentar el supuesto comportamiento cuestionable del expresidente y en las medidas de coerción en su contra.

Pese a la decisión del Poder Judicial, Vizcarra continuará siendo investigado por los presuntos sobornos de S/1 millón que recibió para favorecer a las empresas Obrainsa e ICCGSA para la adjudicación de los proyectos de construcción. En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado 15 años de pena privativa de la libertad contra el expresidente.

El 26 de mayo de 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió una sentencia de gran relevancia en materia procesal penal, declarando fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Juan Carlos Quispe Gonzales, dentro del proceso seguido por homicidio calificado en agravio de José Carlos Tupayachi Gonzales.

📝 Antecedentes del caso

Juan Carlos Quispe Gonzales fue acusado por el Ministerio Público como autor del delito de homicidio calificado (art. 108.1 del Código Penal), por hechos ocurridos en agosto de 2015 en la ciudad del Cusco. La víctima fue encontrada muerta en un barranco, presentando lesiones graves compatibles con agresión física.

En primera instancia, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco lo absolvió por insuficiencia probatoria. Sin embargo, en segunda instancia, la Segunda Sala Penal de Apelaciones revocó la sentencia y lo condenó a 11 años de prisión, considerando como elementos clave la declaración de un testigo presencial, la conducta del acusado y documentos cuestionables sobre su supuesta internación en un centro de rehabilitación.

📌 Recurso ante la Corte Suprema

La defensa del sentenciado interpuso recurso de apelación alegando:

• Errónea valoración probatoria.
• Afectación del principio de inmediación por la declaración virtual del testigo.
• Falta de motivación de la sentencia de vista.
• Vulneración del derecho a probar y a la defensa.

⚖️ Decisión de la Corte Suprema

El Tribunal Supremo declaró nula la sentencia de vista del 1 de febrero de 2024, al verificar que:

• Se vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, exigido por el artículo 139.5 de la Constitución.
• La valoración de prueba indiciaria fue parcial, sesgada y sin análisis integral de contraindicios.
• No se acreditó adecuadamente la vinculación del acusado con la víctima ni el móvil del crimen.
• Se omitieron diligencias esenciales como el contraste de pericias psiquiátricas, biológicas y documentales.
• La supuesta coartada del acusado (internamiento en un centro de rehabilitación) no fue plenamente desvirtuada por el órgano de alzada.

🧑‍⚖️ Fundamento jurídico relevante

“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias constituye un principio constitucional fundamental. Su ausencia afecta el debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a probar, generando nulidad absoluta conforme al artículo 150 del Código Procesal Penal.”

– Corte Suprema, Apelación N.º 101-2024/Cusco, Fundamento Jurídico N.º 3

La Corte Suprema subrayó que una sentencia que revoca una absolución y dicta condena debe contener un razonamiento lógico, completo y razonado, respetando estándares establecidos por el Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116 sobre la valoración de la prueba testifical.

🧾 Conclusión

La Corte Suprema ordenó:

• Anular la condena impuesta por la Segunda Sala Penal de Cusco.
• Realizar una nueva audiencia de apelación ante otro Colegiado Superior, garantizando la actuación de pruebas y el respeto al debido proceso.

📣 Importancia de la decisión

Este fallo constituye un precedente importante sobre el estándar de motivación judicial, la valoración racional de la prueba y los límites constitucionales en la revocatoria de sentencias absolutorias. Refuerza la exigencia de resoluciones motivadas, coherentes y fundadas, que permitan el control jurisdiccional y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

[JURISPRUDENCIA…]

Cuando una persona invoque su condición de trabajador y alegue la existencia de una contratación laboral encubierta mediante un contrato civil, mercantil u otro de naturaleza distinta a la laboral, el órgano jurisdiccional tiene el deber de analizar si se configuran los elementos esenciales del contrato de trabajo.

Este análisis debe realizarse a la luz del marco normativo que conforma el estatuto de protección laboral, aplicando los principios constitucionales del Derecho del Trabajo y la presunción de laboralidad, en el contexto del sistema dinámico de cargas probatorias regulado en el artículo 23° de la Ley N.° 29497 – Ley Procesal del Trabajo.

Este constituye el principal criterio jurisprudencial que se desprende de la sentencia correspondiente a la Casación N.° 22735-2022 Arequipa, emitida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró fundado el recurso de casación interpuesto en un proceso ordinario de reposición, entre otros pedidos.

De esta manera, la máxima instancia judicial establece criterios que los órganos jurisdiccionales deben seguir al momento de analizar la existencia de una relación laboral encubierta, particularmente en los casos en los que se solicite el reconocimiento de una relación de trabajo bajo una fachada contractual no laboral.

Fundamento

La Sala Suprema señala que el artículo 22° de la Constitución reconoce el derecho al trabajo como un derecho fundamental, y que el artículo 23° establece que el trabajo es objeto de atención prioritaria por parte del Estado.

Además, el artículo 26° de la Constitución recoge principios rectores como el de igualdad sin discriminación, el de irrenunciabilidad de los derechos laborales y el principio protector, los cuales deben ser plenamente garantizados en toda relación de trabajo, según enfatiza el supremo tribunal.

En consecuencia, se concluye que la principal manifestación de dicha protección constitucional es la presunción de laboralidad, recogida en el artículo 4° del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N.° 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), aprobado mediante Decreto Supremo N.° 003-97-TR.

Dicha norma establece que toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Asimismo, precisa que el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad, siendo válido tanto en forma verbal como escrita, salvo los casos específicos en los que se exige formalidad escrita.

También se reconoce la posibilidad de celebrar contratos de trabajo a tiempo parcial por escrito, sin restricción alguna.

Principios Aplicables

La Corte Suprema considera que la presunción de laboralidad materializa principios fundamentales del Derecho del Trabajo, como el principio de primacía de la realidad, el principio de continuidad y el principio de causalidad.

Estos principios orientan la interpretación, elaboración y aplicación de las normas laborales, tal como ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional en la sentencia STC 008-2005-AI/TC.

Dado que el contrato de trabajo tiene como elementos esenciales la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación, y considerando la desigualdad estructural entre trabajador y empleador, se justifica un régimen jurídico especial de protección a favor del trabajador.

En ese marco, se admite el uso de herramientas que faciliten la demostración de los elementos del contrato de trabajo, tales como el principio de facilitación probatoria (numeral 11, literal a de la Recomendación 198 de la OIT) y la presunción de laboralidad (numeral 11, literal b de la misma recomendación). Ambas figuras están reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 23.2 de la Ley N.° 29497.

Prestación de Servicios y Carga de la Prueba

En consecuencia, concluye el supremo tribunal que la carga probatoria del trabajador se limita a acreditar el elemento más accesible: la prestación personal de servicios. Una vez acreditado este hecho, se activa la presunción de existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado y continuo, invirtiéndose así la carga de la prueba.

Corresponde entonces al empleador desvirtuar esta presunción, acreditando la existencia de una relación contractual distinta, ajena al ámbito laboral, y que además sea discontinua en el tiempo.

El Caso

En el caso materia de casación, el demandante sostuvo haber mantenido una relación laboral continua con la parte demandada, y solicitó su reposición en el cargo de chofer tras haber sido despedido sin causa justificada.

En primera instancia, el órgano judicial declaró fundada en parte la demanda. En segunda instancia, la sala superior confirmó en parte esa decisión, pero concluyó que no existió una relación laboral continua, sino que el demandante habría prestado servicios en diez periodos discontinuos.

Ante ello, el demandante interpuso recurso de casación, alegando la infracción del artículo 4° del TUO de la LPCL. Al resolver el recurso, la Corte Suprema determinó que la sala superior incurrió en un incorrecto juicio de subsunción, ya que, una vez acreditada la prestación personal de servicios, opera la presunción de laboralidad, y por tanto, se presume una relación laboral continua e indeterminada.

En consecuencia, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación.

[JURISPRUDENCIA…]

La Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema ha emitido un pronunciamiento trascendente sobre la interacción entre el derecho a guardar silencio y el deber de colaboración del trabajador en el contexto de investigaciones por accidentes laborales. A través de la sentencia de casación N.º 40171-2022-Moquegua, el Supremo Tribunal ha determinado que no constituye vulneración de derechos fundamentales la imposición de una sanción disciplinaria a un trabajador que, sin justificación válida, se niega a prestar declaración en una investigación de esta naturaleza. Este artículo analiza los antecedentes, fundamentos y consecuencias jurídicas de dicha resolución.

Introducción

Las relaciones laborales están regidas por principios de cooperación, buena fe y deberes recíprocos. En contextos de riesgo, como el sector minero, la seguridad y salud en el trabajo (SST) adquieren una dimensión normativa vinculante tanto para empleadores como trabajadores. En ese marco, el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en la Casación N.º 40171-2022-Moquegua aborda una cuestión clave: ¿hasta qué punto el trabajador puede invocar su derecho a guardar silencio en una investigación de accidente laboral? ¿Tiene el empleador la facultad de sancionar la negativa a colaborar?

Antecedentes

El caso se origina cuando un trabajador de la empresa Southern Perú Copper Corporation es sancionado con dos días de suspensión sin goce de haber por negarse a declarar, en más de una oportunidad, durante una investigación interna sobre un accidente de trabajo del que fue víctima.

El trabajador interpuso demanda de impugnación de sanción disciplinaria, solicitando:

• La nulidad de la carta de investigación y de la medida disciplinaria.
• La reposición del monto descontado.
• El retiro de dichos documentos de su legajo personal.
• El pago de costas del proceso.

Tanto el juzgado de Trabajo como la sala superior competente declararon infundada la demanda. Posteriormente, el trabajador interpuso recurso de casación, alegando infracción de los siguientes derechos constitucionales:

• El derecho a guardar silencio (art. 2.24.h).
• El derecho de defensa y debido proceso (art. 139.14).
• La debida motivación de las resoluciones judiciales (art. 139.5).

Fundamentos jurídicos de la Corte Suprema

1. Sobre el derecho a guardar silencio

La Corte reconoció que el derecho a guardar silencio —como manifestación del derecho de defensa— es un derecho fundamental que tiene aplicación principal en el ámbito penal, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, acotó su inaplicabilidad en procedimientos disciplinarios laborales, donde no existe una amenaza de autoincriminación en sentido estricto.

La negativa del trabajador a declarar no puede considerarse una conducta amparada por el derecho a no autoincriminarse, ya que la finalidad de la diligencia era preventiva y no punitiva.

2. Sobre el deber de colaboración del trabajador

La sentencia desarrolla con claridad que la normativa sobre SST —especialmente el D.S. N.º 024-2016-EM— impone a los trabajadores la obligación de:

• Cumplir con normas internas de seguridad.
• Informar riesgos, incidentes o accidentes.
• Participar en los procesos de investigación sobre accidentes laborales.

El cumplimiento de estas obligaciones no es opcional, sino una exigencia legal orientada a la prevención de riesgos y la mejora continua de las condiciones laborales. La falta de colaboración, como en el caso analizado, afecta el deber de prevención del empleador y puede justificar una sanción disciplinaria proporcional.

3. Sobre la potestad disciplinaria del empleador

El fallo reafirma que el empleador actuó dentro del marco de su potestad disciplinaria, al sancionar no la responsabilidad por el accidente, sino la negativa del trabajador a prestar colaboración en su esclarecimiento. El procedimiento fue documentado, proporcional y conforme al Reglamento Interno de Trabajo.

4. Sobre la motivación de la sentencia

La Corte concluye que la sentencia de vista impugnada fue debidamente motivada, cumpliendo con los requisitos del artículo 139.5 de la Constitución. La fundamentación jurídica fue clara, aun cuando no haya abordado extensamente todas las alegaciones del recurrente.

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Conclusión del Supremo Tribunal

El Supremo Colegiado resolvió:

• Declarar infundado el recurso de casación.
• Confirmar que no hubo vulneración del derecho de defensa ni del derecho a guardar silencio.
• Validar la sanción impuesta por el empleador en tanto fue producto del incumplimiento de un deber funcional del trabajador.

Comentario final y relevancia práctica

La sentencia establece un precedente interpretativo relevante en materia de relaciones laborales y seguridad ocupacional. Entre sus principales aportes destacan:

• La delimitación del derecho al silencio, circunscribiéndolo al ámbito penal.
• El reconocimiento del deber de colaboración activa del trabajador como eje de los sistemas de prevención de riesgos.
• La convalidación de la potestad disciplinaria del empleador cuando se sustenta en un incumplimiento funcional debidamente acreditado.

Este pronunciamiento fortalece el principio de cooperación en las relaciones laborales, especialmente en sectores de alto riesgo, y clarifica los límites entre derechos fundamentales y deberes legales en el contexto del derecho disciplinario laboral.

[JURISPRUDENCIA…]

Nuestro análisis se centra en el criterio jurisprudencial establecido en la Casación Laboral N.º 7582-2022-Lima, en la que se determina que constituye despido nulo por represalia cuando el empleador despide nuevamente al trabajador dentro de los tres meses siguientes a su reposición judicial —obtenida mediante un proceso de amparo— si los motivos del despido se sustentan en hechos anteriores a dicha reposición, incluso previos a la interposición de la demanda de amparo.

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Antecedentes del Caso

En este caso, una trabajadora fue despedida y demandó su reposición, alegando despido nulo por represalia. El juzgado de primera instancia declaró fundada su demanda, ordenando su reposición y el pago de beneficios devengados. La sala superior confirmó esta decisión. La empresa, entonces, interpuso un recurso de casación.

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Análisis de la Corte Suprema

La Corte Suprema recordó que la legislación laboral protege al trabajador contra represalias por ejercer sus derechos. Conforme al Artículo 29° del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N.º 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral – LPCL), un despido es nulo si se sustenta en que el trabajador presentó una queja o participó en un proceso judicial contra el empleador, siempre que esté relacionado con derechos laborales. Para que se configure esta nulidad, debe existir un nexo causal entre el proceso y el despido.

Además, el Artículo 47° del Reglamento de la LPCL establece una protección especial por tres meses después de la resolución judicial que pone fin a un proceso contra el empleador. Dentro de ese plazo, cualquier despido motivado por represalias se considera nulo.

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Decisión de la Sala Suprema

En el caso específico, la trabajadora fue despedida el 2 de junio de 2018. Tras un proceso de amparo, fue repuesta el 5 de noviembre de 2019. Sin embargo, fue despedida nuevamente el 23 de diciembre de 2019, es decir, menos de dos meses después de su reincorporación. La empresa justificó este segundo despido con faltas graves que, según alegó, la trabajadora había cometido entre enero y abril de 2018; es decir, hechos anteriores a su reposición y conocidos por la empresa sin que fueran imputados oportunamente.

La Sala Suprema concluyó que existe un claro nexo causal entre el proceso de amparo iniciado por la trabajadora y el segundo despido, el cual ocurrió dentro del plazo de protección establecido por la ley. Por lo tanto, declaró infundado el recurso de casación de la empresa, confirmando la nulidad del despido.

Este precedente garantiza la protección laboral del trabajador que ha sido repuesto judicialmente, evitando que el empleador utilice hechos anteriores a la reposición como pretexto para un nuevo despido retaliatorio.

[JURISPRUDENCIA…]

La Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió un pronunciamiento relevante respecto al concepto laboral de remuneración, la presunción de salariedad, los ingresos no remunerativos y la bonificación por productividad, en el marco de la Casación N.° 28833-2022-LIMA.

La Corte interpreta el artículo 6 del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, que aprueba el TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (TUO LPCL), indicando que se presume remuneración todo ingreso recibido por el trabajador como contraprestación por sus servicios, siempre que sea de libre disposición, independientemente de su forma o denominación.

No obstante, cabe precisar que la libre disposición no debe considerarse un elemento esencial para determinar la naturaleza remunerativa de un ingreso. Lo fundamental es que dicho ingreso tenga carácter contraprestativo —es decir, que se pague por el trabajo realizado o la sola puesta a disposición del trabajador— y genere una ventaja patrimonial. Esto incluye también ingresos que la ley califica como remuneración aun en ausencia de prestación efectiva (como vacaciones, licencias sindicales o por paternidad).

Por tanto, la libre disposición debe entenderse más bien como una característica de la remuneración, no como un requisito constitutivo, dado que existen conceptos remunerativos que no son libremente disponibles (como el impuesto a la renta asumido por el empleador).

La Sala también señala que la regularidad de un pago no lo convierte necesariamente en remunerativo. Esta afirmación es jurídicamente acertada, ya que la periodicidad es apenas un indicio de remuneratividad, pero no determinante. Por ejemplo, una asignación por transporte condicionada a la asistencia efectiva está excluida por mandato legal.

Además, la interpretación conjunta de los artículos 19 y 20 del TUO de la Ley de CTS con el artículo 7 del TUO LPCL permite identificar conceptos excluidos expresamente del cómputo para beneficios sociales y aportes laborales, ya sea por su naturaleza (como las condiciones de trabajo o gratificaciones extraordinarias), o por mandato legal específico (como la mencionada asignación por transporte).

Finalmente, la Sala establece que la bonificación por productividad sí tiene naturaleza remunerativa, al cumplir con los elementos esenciales: es contraprestativa, otorga una ventaja patrimonial y es de libre disposición. Sin embargo, solo ingresa al cálculo de la CTS si se paga con regularidad, conforme a lo establecido en el TUO de la Ley de CTS.

[JURISPRUDENCIA…]

“La suprema resalta que la sola presentación de una queja o demanda contra el empleador, que eventualmente puede ser generada por el propio trabajador para evitar su despido y con motivos diversos a los señalados por la disposición normativa no resulta suficiente para acreditar la causal de despido nulo por represalia. 

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial que se desprende de la sentencia correspondiente a la Casación Laboral N° 12864-2022 Lima, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, con la cual declara infundado aquel recurso interpuesto dentro de un proceso ordinario de pago de remuneraciones y otros.

De esta manera, la máxima instancia judicial, a tono con la normativa laboral, fija una pauta a tomar en cuenta en caso un trabajador pretenda argumentar despido nulo por estar motivado su cese en la presentación de una queja o demanda contra el empleador.

Antecedentes

En el caso materia de la citada casación laboral, un trabajador de una empresa demanda la desnaturalización del contrato modal que suscribió como trabajador bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, así como la reposición por despido nulo previsto en el inciso c) del artículo 29° del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

El juzgado de Trabajo que conoció el caso declaró fundada en parte la demanda, al considerar que se desnaturalizó el contrato modal por no tener causa objetiva especifica; e infundada la pretensión de reposición por despido nulo, debido a que no se acreditó el nexo causal entre el despido y la causa alegada.

En apelación, la sala laboral superior competente confirmó esta sentencia señalando similares fundamentos que los emitidos en la primera instancia judicial.

Ante ello, el trabajador demandante interpuso recurso de casación laboral alegando que el colegiado superior, al emitir su sentencia, incurrió en infracción normativa del inciso c) del artículo 29° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, LPCL.

De acuerdo con dicho inciso constituye despido nulo aquel despido que tenga como motivo el presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el inciso f) del artículo 25° de la LPCL. Vale decir que el trabajador cometa actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Asimismo, que el trabajador cometa actos de extrema violencia tales como toma de rehenes o de locales en cuyo caso podrán adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente.

Al conocer el caso en casación laboral, la sala suprema advierte que sobre el despido nulo por el citado motivo el artículo 47 °del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-96- TR, establece que se configura la nulidad de aquel despido, si la queja o reclamo ha sido planteada contra el empleador ante las autoridades administrativas o judiciales competentes y se acredita que está precedido de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos de sus trabajadores.

Además, el supremo tribunal constata que esta protección se extiende hasta tres meses de expedida la resolución consentida que cause estado o ejecutoriada que ponga fin al procedimiento.

En ese sentido, interpretando dichas disposiciones normativas, la sala suprema entiende que la declaración de nulidad de un despido por el mencionado motivo supone la existencia de una demanda o queja anterior al despido, y la acreditación de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos de sus trabajadores.

En ese contexto, el colegiado supremo entiende las dificultades probatorias que debe asumir el trabajador para acreditar el motivo del despido. Sin embargo, precisa que este hecho no excluye al trabajador para aportar ciertas pruebas indirectas o indiciarias o, en consideración del principio de adquisición procesal, pueda interpretar los medios probatorios aportados por el empleador, en el sentido de acreditar la conducta o comportamientos del empleador ligados al propósito de evitar los reclamos de sus trabajadores.

En sintonía con ello, el colegiado supremo colige que no basta la existencia de una demanda o queja con anterioridad al cese de labores para que se configure un despido nulo; sino que el mismo debe estar precedido de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos de los trabajadores.

Decisión

En el caso, la sala suprema constata que el trabajador demandante solo menciona que su despido se produjo como consecuencia de una visita inspectiva efectuada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en las instalaciones de la empresa demandada a partir de un pedido formulado a la Autoridad Administrativa, sin adjuntar otros indicios que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos de sus trabajadores y hagan presumir que la intención de su empleador es finalizar su vínculo laboral por la interposición de la inspección solicitada. Además, el supremo tribunal verifica que fue cesado el trabajador, al cumplirse el plazo del contrato modal suscrito entre las partes. En consecuencia, el colegiado supremo declara infundada la citada casación laboral.

[JURISPRUDENCIA…]

Una serie de precedentes de observancia obligatoria en materia administrativa sancionadora aprobó el Tribunal de Apelaciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Directrices

De acuerdo con la Resolución Nº 000072-2025-TA/OSIPTEL el órgano resolutivo (primera instancia) al ejercer su potestad sancionadora se encuentra facultado, al momento de efectuar el cálculo de la multa, a emplear valores y parámetros distintos a los utilizados por el órgano instructor al iniciar el procedimiento sancionador contra una empresa operadora para efectos de la calificación de la infracción, siendo dos los límites de esta facultad.

En primer lugar que la variación de los valores y parámetros se efectúe con una motivación expresa y detallada de las razones que sustentan este cambio, la cual debe encontrarse plasmada en la resolución que impone la multa.

Además, que el cálculo final de la multa que se imponga, en virtud de la variación efectuada a los valores y parámetros utilizados, no afecte la calificación de la infracción realizada al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS) en desmedro del administrado, ni los topes cuantitativos que se establecieron en esta calificación.

A la par, el citado colegiado administrativo estableció como criterio de obligatorio cumplimiento que a efectos de atribuir la calificación jurídica de nueva prueba, la información o documentación que aporte la empresa operadora en su recurso de reconsideración deberá ostentar, de manera concomitante una serie de características.

Entre ellas, que la reconsideración esté aparejada de un medio probatorio distinto o diferente a lo que ya había en el expediente, cualquiera fuera su tipo o soporte (físico o virtual).

También, que lo que se pretenda acreditar o probar con el medio probatorio nuevo no hubiera podido efectuarse, extraerse o colegirse de otros medios probatorios presentados con anterioridad. Con lo cual queda claro que la reiteración de medios probatorios que pretendan acreditar lo ya evaluado con anterioridad (con los medios probatorios existentes en el procedimiento) no puede considerarse prueba nueva en sí misma, precisa el Tribunal de Apelaciones del Osiptel.

Competencia

En el contexto de lo señalado en los artículos 86 y 223

del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), el Tribunal de Apelaciones del Osiptel aprobó también como precedente que en el supuesto de que se presente un recurso de reconsideración con información que no ostenten –en ningún extremo– la calificación jurídica de nueva prueba, la primera instancia deberá encauzar el escrito para pronunciamiento de este colegiado administrativo; en tanto, un cuestionamiento sobre la aplicación del derecho corresponde ser analizado por el superior jerárquico en un recurso de apelación, precisa el mencionado tribunal. Toma en cuenta que la nueva prueba debe referirse a un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la revisión de la decisión de la autoridad. Por tanto, no resulta pertinente como nueva prueba, documentos que pretendan presentar nuevos argumentos sobre los hechos materia de controversia evaluados anteriormente, remarca.

ACTUACIÓN

El Tribunal de Apelaciones del Osiptel es competente para resolver, en segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación contra las resoluciones que emitan en primera instancia la Gerencia General o el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios.

[RESOLUCIÓN…]

La Corte Suprema ha establecido que la remuneración puede ser reducida válidamente sin que exista un acuerdo expreso entre el trabajador y el empleador, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Así lo determinó en la Casación N.° 33152-2022 Lima, del 12 de noviembre de 2024, publicada a inicios de mayo del 2025.

De acuerdo con la sentencia, si el trabajador solicita el reintegro de remuneraciones, este no procederá si se demuestra que el empleador atravesaba por una crisis o déficit económico en el periodo en que se redujo la remuneración y el trabajador no presentó reclamo alguno.

¿Qué dice el fallo?

Al respecto, David Corthorn, abogado de Editorial Economía y Finanzas (EEF), señala que “en este caso se ha dejado de lado el requisito del acuerdo expreso para fines de validar la reducción de la remuneración, conforme a la Ley 9463”.

La Corte también consideró como elementos relevantes el extenso tiempo transcurrido desde el momento de la reducción (años 1998 y 2000) hasta la presentación de la demanda (2019) y la existencia de acuerdos de reducción de la remuneración de otros trabajadores, según se desprende del análisis del caso.

Además, Corthorn puntualiza que la sentencia hace referencia a los requisitos de validez de la reducción de remuneración, como, por ejemplo, que sea autorizada por el trabajador afectado en forma expresa; sin embargo, en el caso particular analizó otros factores que determinaron su validez, como lo fue la crisis económica por la que atravesaba la empresa, acreditada mediante el estado de Ganancias y Pérdidas o con el hecho de que no había distribuido utilidades.

Criterios previos de validez

Corthorn recuerda que hace unos años la Corte, mediante la Casación 3711-2016, Lima, estableció los requisitos para que la reducción de la remuneración no califique como un acto de hostilidad y, eventualmente,  el trabajador pueda demandar el reintegro en caso se incumplan los referidos requisitos.

En esa sentencia anterior, la Corte Suprema indicó que la reducción debía darse en contextos especiales y respetando ciertos mínimos. Los criterios establecidos en esa oportunidad fueron los siguientes:

Acuerdo individual expreso entre las partes. Para la Corte, esta exigencia fluye de lo señalado en la Ley 9463.

Acuerdo colectivo entre el empleador y la organización representativa de los trabajadores, sin afectar derechos ya adquiridos. Esta vía aplica cuando la reducción tiene origen en causas objetivas del artículo 46 del TUO de la LPCL, como: Caso fortuito o fuerza mayor; motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos; disolución y liquidación de la empresa; quiebra, y reestructuración patrimonial.

Corte cambia criterio

No obstante, en el reciente fallo de noviembre de 2024, la Corte dejó de lado la exigencia de acuerdo expreso, al validar la rebaja salarial en un contexto de crisis económica y ausencia de reclamo por parte del trabajador.

“Si bien ambas casaciones no contienen precedentes de observancia obligatoria, evidencian una falta de uniformidad en los criterios que emite la Corte respecto de la reducción de la remuneración, lo cual afecta la seguridad jurídica de los trabajadores”, advierte Corthorn.

Finalmente, subraya que “la legislación permite a los empleadores modificar la remuneración o las condiciones de trabajo; sin embargo, lo hace bajo el cumplimiento de ciertas condiciones y formalidades. Particularmente, en el caso de la remuneración, antes de este fallo, la Corte había sentado posición sobre la necesidad de un acuerdo expreso; sin embargo, en la resolución del caso, ello no ha sido tomado en cuenta”.

[JURISPRUDENCIA…]

El muestreo de información para formular un reparo en materia fiscal constituye una metodología que carece de respaldo normativo expreso, en consecuencia, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) debe ceñirse estrictamente a los mecanismos de fiscalización previstos en la legislación tributaria.

Esto teniendo en cuenta que una fiscalización realizada por muestreo, sin una revisión integral de la documentación, vulnera el principio de verdad material y afecta el derecho de defensa del contribuyente, dado que la citada superintendencia está obligada a verificar plenamente los hechos antes de emitir un pronunciamiento definitivo.

Muestra representativa

Este constituye el principal criterio jurisprudencial que se desprende de la sentencia correspondiente a la Casación Nº 11185-2024 Lima emitida por la Quinta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria, advierte el tributarista Percy Bardales.

De esta manera, el colegiado descarta la posibilidad de que la administración tributaria utilice una muestra representativa de información para fundamentar el reparo a la provisión de cobranza dudosa, sin una verificación individualizada de la documentación sustentatoria. Toda vez que una metodología como esta vulnera el debido procedimiento y el principio de verdad material.

En el caso materia del citado expediente la sala suprema advierte que la administración tributaria, al fundamentar el reparo a la provisión de cobranza dudosa correspondiente al ejercicio fiscal 2005 efectuada por una empresa contribuyente, utilizó una muestra de 391 clientes dentro de un universo de 336,325 registros, extendiendo las observaciones realizadas a esa muestra, al total de las provisiones registradas, sin realizar una verificación individual de cada una de ellas y por ende sin la verificación de la documentación sustentatoria.

Ante ello, el tribunal también verifica que el colegiado administrativo especializado en materia tributaria que conoció el asunto concluyó que dicha extrapolación no se encontraba ajustada a Derecho. Ello en razón a que se afectaron los principios de verdad material y debido procedimiento, reconocidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, el Código Tributario y la Constitución Política.

Asimismo, se determinó que la metodología aplicada carece de respaldo normativo expreso, lo que genera incertidumbre en la aplicación de las normas tributarias y afecta el derecho de defensa de la contribuyente, refiere la sala suprema.

Decisión

En ese sentido, el tribunal reitera que el principio de verdad material exige que las autoridades administrativas verifiquen plenamente los hechos antes de emitir un pronunciamiento, y que en procedimientos de fiscalización debe primar la verdad material sobre la formal.

Adicionalmente, señala que el principio de seguridad jurídica, recogido en el artículo 103° de la Constitución Política, exige que las normas tributarias y su aplicación sean predecibles y claras para los contribuyentes.

A la par, verifica que conforme al artículo 74° de la Constitución, la potestad tributaria debe ejercerse con arreglo a la ley, lo que impide la aplicación de metodologías de fiscalización que carezcan de respaldo normativo expreso.

De modo tal, la administración tributaria debe sujetarse estrictamente a los mecanismos de fiscalización establecidos en la legislación tributaria y garantizar que los reparos sean fundamentados en una revisión integral de la documentación correspondiente, colige la máxima instancia judicial.

Por ello, la sala suprema sostiene que el colegiado administrativo especializado en materia tributaria, para una correcta determinación de la obligación fiscal, debía verificar si la empresa contribuyente cumplió con los requisitos establecidos en el inciso i) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso f) del artículo 21° de su Reglamento para la deducción de la provisión por cuentas de cobranza dudosa en el ejercicio fiscal 2005.

Por lo expuesto, el supremo tribunal concluye que la sentencia de vista del tribunal superior incurrió en las causales materiales formuladas por uno de los recurrentes en casación, al no haber garantizado un análisis exhaustivo de los medios probatorios aportados y permitir una fiscalización basada en criterios no contemplados en el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, entre otras razones, las causales materiales formuladas por una de las partes codemandadas en su recurso de casación devienen en fundadas y las formuladas por la otra en su respectivo recurso de casación devienen en infundadas.

Trascendencia

El criterio de la Corte Suprema es correcto y conforme a la Constitución, comenta el tributarista Percy Bardales. El experto considera que la premisa de la tributación es que la determinación sea sobre base cierta.

 “Es decir, que la liquidación de los tributos, conforme a lo previsto en el artículo 74° de la Constitución Política, refleje la verdadera capacidad contributiva del contribuyente en el caso concreto”, precisa el tributarista que labora como socio litigation tax services en EY en Perú.

 Esto supone, conforme a lo previsto en el artículo 61° y 76° del Código Tributario, que la autoridad tributaria se encuentra obligada a realizar todas las verificaciones y comprobaciones necesarias para establecer deuda tributaria o, de ser el caso, crédito, aclara Bardales. 

En ese contexto, sostiene que para el cumplimiento de esta obligación constitucional y legal, la autoridad tributaria se encuentra obligada a cumplir los principios de verdad material e impulso de oficio, previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, las cuales obligan a la entidad administrativa a realizar todas las comprobaciones, con prescindencia de la actuación del administrado.

[JURISPRUDENCIA…]