La reciente decisión de la Primera Sala Constitucional de Lima, que desestimó la demanda de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (Apeps) contra el artículo 7.2 del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, ha sido calificada como un «precedente histórico». Este fallo asegura una atención oncológica integral para los ciudadanos peruanos, según Edson Aguilar Zelada, vicepresidente de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas.

En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, Aguilar explicó que la sentencia beneficia a las personas que, a pesar de contar con un seguro privado y haber pagado sus cuotas mes a mes, fueron desamparadas por sus aseguradoras al ser diagnosticadas con cáncer. Estas empresas, lamentablemente, les negaron el acceso a medicamentos prescritos por sus médicos, fármacos que podrían haber frenado la progresión de la enfermedad, mejorado su calidad de vida y prolongado sus años de existencia.

Aguilar denunció que estos medicamentos, ampliamente utilizados en países del primer mundo y en naciones vecinas como Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, eran negados en Perú. Las aseguradoras privadas peruanas argumentaban que dichos tratamientos no estaban incluidos en las guías clínicas nacionales, a pesar de que los seguros con cobertura oncológica en los países mencionados sí los cubrían.

El artículo 7.2 de la Ley N° 31336 establece que las «Iafas [instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud] privadas deben asegurar la integralidad de la cobertura oncológica en las pólizas de seguros de salud que incluyan dicha cobertura, entre ellos los tratamientos reconocidos en las guías de prácticas clínicas internacionales, sin perjuicio de la condición del estudio clínico».

En este contexto, el vicepresidente de Voces Ciudadanas manifestó que el argumento de la Apeps carece de fundamento. Para él, contratar un seguro privado de salud implica buscar una cobertura superior a la ofrecida por el Estado. “Cuando tú compras un seguro privado te dicen que ‘la póliza que ha contratado tiene una cobertura de dos millones, cinco millones de soles, en caso de que contraiga alguna enfermedad oncológica’. Te sientes tranquilo porque piensas ‘está bien, no creo que cueste tanto una operación, ni el tratamiento’”, explicó Aguilar.

Sin embargo, la realidad era que, al recibir el diagnóstico y la indicación médica, las aseguradoras se excusaban en la «letra pequeña» para no cubrir ciertos medicamentos. Esto generaba desesperación en los asegurados, quienes habían pagado por años y se veían limitados a recibir solo quimioterapia, lo que ponía en riesgo su pronóstico de vida.

Aguilar enfatizó que, aunque el cáncer puede asociarse a la muerte, especialmente en estadios avanzados, un diagnóstico de cáncer no siempre implica un pronóstico de fallecimiento en poco tiempo.

La sentencia del Poder Judicial también hace justicia a las personas que, a pesar de tener un seguro, se vieron obligadas a empobrecerse para costear sus tratamientos. Muchos tuvieron que vender sus propiedades, endeudarse o realizar actividades para recaudar fondos, y en muchos casos, el familiar por el que lucharon ya no está.

Aguilar subrayó que esta sentencia detiene el «interés comercial por una mayor rentabilidad en contra del derecho a la salud» de los afiliados oncológicos. Las aseguradoras ya no podrán apelar ni negar cobertura a los asegurados. La sentencia ha declarado infundados todos los argumentos de la Apeps, sin admitir ninguna de sus aseveraciones.

Por lo tanto, este fallo sienta un precedente histórico que no solo se aplicará para el artículo 7.2 del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, sino que también será un referente para garantizar la atención en otras condiciones de salud, tanto en el sector privado como en el propio Estado.

Edson Aguilar, en nombre de Voces Ciudadanas, celebró la «acción y respuesta efectiva del Estado», destacando que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Salud (Minsa) defendieron la legalidad del reglamento, y el Poder Judicial hizo respetar el derecho de los ciudadanos.

Ahora, Voces Ciudadanas propone que el Minsa y la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) difundan esta sentencia para que los ciudadanos conozcan su derecho a la salud, tanto en el seguro social (SIS) como en el privado, y que ninguna aseguradora pueda rechazar un medicamento prescrito por el oncólogo amparado en el reglamento. Además, solicitan a Susalud que, en caso de que las aseguradoras no cumplan con la sentencia, se les apliquen sanciones, ya que su papel no solo es fiscalizador sino también sancionador.

[LEY N.° 31336…]