La correcta motivación de las resoluciones judiciales constituye un pilar esencial del debido proceso y un límite infranqueable al ejercicio de la función jurisdiccional. La Corte Suprema ha precisado que los órganos de segunda instancia no pueden sustentar sus decisiones en meras discrepancias valorativas ni en afirmaciones genéricas de error del juez de primera instancia, sino que están obligados a exponer de manera razonada, lógica y suficiente las razones por las cuales el razonamiento previo resulta incorrecto. La ausencia de esta explicación vulnera el derecho a una decisión debidamente motivada y compromete la validez constitucional del fallo.
Asimismo, el máximo tribunal ha reafirmado que el principio de inmediación impone límites claros al control en apelación de la prueba personal. En ausencia de prueba nueva, el tribunal de alzada no puede revalorar declaraciones testimoniales actuadas en primera instancia si no identifica expresamente las denominadas zonas abiertas de control, únicas excepciones que habilitan dicha revisión. La revaloración encubierta de la prueba personal, sin sustento metodológico ni justificación normativa, constituye una infracción al debido proceso y a las reglas de la sana crítica.
Finalmente, la Corte Suprema ha establecido que incurre en manifiesta ilogicidad de la motivación la resolución que adopta una lectura parcial o sesgada del material probatorio, asumiendo como únicas posibles supuestas contradicciones sin realizar un análisis integral ni descartar hipótesis alternativas igualmente racionales. En estos supuestos, la decisión carece de razón suficiente y debe ser corregida, pues la función jurisdiccional no solo exige resolver, sino resolver conforme a estándares de racionalidad, coherencia y respeto a las garantías procesales, que aseguren decisiones legítimas y jurídicamente sostenibles.
[JURISPRUDENCIA…]
